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Ojo en el INS
Un enfoque semanal en el INS y la política inmigratoria

Ser o no ser (ilegal), esa es la cuestión.

El Procurador General Ashcroft Anuncia Nuevas Reglas para Inmigrantes.

Por Carlos Armenta
Colaborador del Periodico ¡La Alarma!

El término “ilegal” adquiere características diferentes cuando se aplica 
a seres humanos que a objetos o acciones. Cuando este término se utiliza 
para categorizar a personas, su sola existencia dentro de determinado 
espacio puede traer como consecuencia su arresto o deportación, como se 
da en el caso de inmigrantes ilegales.

Los cálculos sobre residentes ilegales en los Estados Unidos arrojan 
cifras que van desde los 8 hasta los 11 millones de personas. Respecto a 
estas personas, el comisionado del Servicio de Inmigración y 
Naturalización (INS, por sus siglas en inglés), James Ziglar, declaró el 
pasado 23 de Mayo—en conferencia de prensa en Tucson, Arizona—que no 
deben preocuparse de que el gobierno de los Estados Unidos implemente 
las leyes migratorias para tratar de deportarlos. Ziglar dijo que “a 
nadie le gusta la idea de que la gente entre ilegalmente a este país, 
pero no es práctico ni razonable el pensar que se les puede detener y 
mandarlos de regreso a casa.”

Tal declaración obedece a dos razones principales: por un lado, y tal y 
como lo han declarado muchos funcionarios del gobierno, los E.U. 
necesitan un flujo constante de inmigrantes (así lo ha sido desde el 
siglo XIX) para lograr su desarrollo como nación. Por otro lado, el INS 
carece de la capacidad logística y administrativa, tanto para poder 
atender a los millones de personas que buscan legalizar su situación en 
este país, como para deportar a todos aquellos que residan aquí de 
manera ilegal. De hecho, se sabe que el INS se hace de la vista gorda 
cuando se trata de inmigrantes ilegales que laboran en el sector 
agrícola, de servicios o en rastros, solo por citar algunos ejemplos, 
aún sabiendo donde trabajan, debido al gran beneficio económico que los 
inmigrantes ilegales aportan en materia de mano de obra barata. La 
categorización de “ilegales” hace posible que estas personas sean 
víctimas de abusos por parte de sus patrones, al vivir siempre bajo la 
amenaza de deportación, si no aceptan condiciones de trabajo muy por 
debajo de las que exigen las leyes laborales, las cuales solo protegen a 
los “legales.”

Así las cosas, causan gran curiosidad las declaraciones hechas por el 
procurador general John Ashcroft en un foro anticrimen celebrado el 
pasado 23 de julio en Alberta, Canadá, en el sentido de que existe un 
plan para ejecutar una ley migratoria que existe desde hace cincuenta 
años. La ley requiere que todo inmigrante que resida en los E.U. 
notifique al INS cualquier cambio de domicilio con un plazo de diez días.

La regla en cuestión afecta a todos los residentes permanentes legales 
(diez millones aproximadamente, de acuerdo a cifras del propio INS), así 
como a visitantes y estudiantes que permanezcan en los E.U. por más de 
treinta días. Ashcroft declaró que con la implementación de dicha ley 
“aumentaremos nuestra capacidad para localizar rápidamente a cualquier 
extranjero en el caso de que se deban iniciar procedimientos de 
deportación.”

El anuncio de Ashcroft pone de manifiesto el plan para que el INS forme 
parte integral del nuevo Departamento de Seguridad Territorial 
(Department of Homeland Security), el cual fue diseñado como 
consecuencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En un 
comunicado oficial hecho el 6 de junio del año en curso, el comisionado 
del INS, James Ziglar, declara que el “INS pondrá todo de su parte para 
hacer del nuevo Departamento de Seguridad Territorial un éxito.”

La llamada “guerra contra el terrorismo” sigue entonces siendo utilizada 
como excusa para coartar las libertades y garantías constitucionales de 
los que vivimos en los E.U. Con este tipo de medidas, se hace mucho más 
fácil para el gobierno el poder detener a cualquier persona aunque se 
trate de alguien que siempre ha vivido dentro de la ley. Con la 
implementación de la citada ley migratoria, el gobierno tendrá la 
capacidad de categorizar a cualquier inmigrante como ilegal por no haber 
reportado un cambio de domicilio, aunque dicho cambio haya ocurrido años 
atrás. Es en este sentido de la retroactividad que la ley cobra la máyor 
importancia.

Muchos residentes permanentes legales sin antecedentes criminales, que 
pagan impuestos y operan dentro de la ley, sienten que la implementación 
de dicha medida podría utilizarse como excusa para el trato abusivo 
hacia inmigrantes de ciertos orígenes nacionales. Se conoce, por 
ejemplo, el caso de Tahr Abdeljaber, residente permanente legal 
originario de Palestina y padre de dos niños que son ciudadanos 
americanos. Abdeljaber fue detenido recientemente por la policía en 
Atlanta por manejar a exceso de velocidad, y luego fue sometido a 
interrogatorio por parte del FBI por tener en su carro un mapa de 
Carolina del Norte, en el que varias localidades habían sido encerradas 
en un círculo con pluma. Aunque no se presentaron cargos en contra de 
Abdeljaber, el INS inició su propia investigación y descubrió que este 
no había notificado un cambio de domicilio en 1999, por lo que ahora 
enfrenta el riesgo de ser deportado.

Ashcroft no explicó de que manera el INS manejará el nuevo sistema para 
reportar el cambio de domicilio, o si el Departamento de Justicia planea 
implementar dicha ley de manera retroactiva. Ashcroft tampoco explicó 
cual sería el procedimiento a seguir por parte de los inmigrantes para 
notificar cambios de domicilio. Sin embargo, en el caso de Abdeljaber la 
ley se aplicó de manera retroactiva y sin que existiera, además, 
información oportuna y clara sobre como reportar el cambio. La grave 
omisión por parte de Ashcroft, contrastada con un caso como el de 
Abdeljaber, pone en evidencia la intención del gobierno de dar al INS 
toda la discrecionalidad posible para decidir quien es sujeto de 
deportación.

El anuncio hecho por el procurador, como era de esperarse, provocó 
reacciones de oposición por parte inmigrantes legales y activistas 
pro-inmigración. Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional de 
Inmigración, declaró al San Jose Mercury News que la medida “no hará de 
los Estados Unidos un lugar más seguro, solo logrará que los recien 
llegados se sientan en la mira de las autoridades.” Incluso muchos 
opositores a la immigracion parecen escépticos del anuncio de Ashcroft.  
Mark Krikovian, director del Centro de Estudios para la Inmigración, 
cuya posición es a favor de un control más estricto de las fronteras, 
declaró al Mercury News que la implementación de esta y otras leyes 
migratorias es algo que “está fuera del alcance de la capacidad del INS.”

El INS trata de ofrecer la impresión de que trabaja para hacer del 
territorio de los E.U. un lugar más seguro para vivir. Con la excusa de 
la seguridad nacional, se han cometido injusticias como la 
implementación del Chinese Exclusion Act, el encarcelamiento de 
inmigrantes legales y ciudadanos americanos de origen japonés durante la 
segunda guerra mundial y la deportación masiva de mexicanos, sin 
importar su “legalidad” o “ilegalidad” durante los años de la gran 
depresión. Sin embargo las leyes migratorias siempre han sido aplicadas 
inequitativamente. Por la mayor parte, el INS prefiere ignorar la 
presencia de inmigrantes ilegales en los E.U, si estos convienen a los 
intereses de los que los emplean.

Ahora más que nunca, con la implementación de leyes como la del cambio 
de domicilio—que han existido desde hace mucho tiempo, pero que el INS 
había decidido no aplicar—esta agencia cuenta con la discrecionalidad 
para decidir de una manera arbitraria quien es ilegal, y, por lo tanto, 
quien puede ser vulnerable a muchos tipos de abuso por parte de las 
autoridades.

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