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La globalización ideológica en contra de la inmigración
Cinco mitos sobre la inmigración (parte 3 de 5)

 Por Carlos Armenta
Colaborador del Semanario ¡La Alarma!

El eurodiputado francés Sami Nair expone y analiza, en un artículo 
publicado en el diario español El País, lo que el llama “los cinco 
mitos sobre la inmigración en España.”

El presente artículo (tercero de una serie de cinco) analizará el 
tercer mito dentro del contexto de la inmigración en los Estados Unidos.

Tercer mito sobre la inmigración:  Los inmigrantes se benefician 
indebidamente de las leyes sociales favorables.

Este tipo de resentimiento hacia los inmigrantes ha echado profundas 
raíces dentro de la sociedad estadounidense. Para muestra basta un 
botón: la proposición 187 de 1994 en California, la cual prohibía que 
los inmigrantes ilegales y sus hijos—aunque estos últimos hubieran 
nacido en los Estados Unidos—recibieran servicios de salud y educación. 
Dicha proposición también requería que los restadores de servicios 
públicos reportaran al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) 
la presencia de cualquier indocumentado, o hijos de indocumentados, en 
escuelas u hospitales públicos.

El hecho de que dicha proposición haya prosperado al recibir el voto 
favorable de la mayoría de los que, en esa ocasión, ejercieron su 
derecho al voto, demuestra el tan arraigado sentimiento anti-inmigrante 
en un estado en el que la mayoría de sus habitantes son inmigrantes o 
descendientes de inmigrantes. Sin embargo, dicha ley fue declarada 
inconstitucional y nunca se llegó a su plena implementación.

Este tercer mito sobre la inmigración pierde su validez si se analizan 
y se comparan detenidamente, por un lado, las aportaciones que los 
inmigrantes hacen tanto al sistema de bienestar público como a la 
economía en general, y por otro lado, los beneficios que estos obtienen 
de los fondos de bienestar social.

Primero que nada, los inmigrantes que trabajan legalmente en los 
Estados Unidos pagan impuestos sobre sus ingresos, impuestos de 
seguridad social y aportan también parte de sus ingresos a fondos de 
pensiones. Sin embargo, el Congreso norteamericano debatió y aprobó, en 
la primavera de 1996, una de las más extensas y represivas 
legislaciones inmigratorias de su historia, la cual declaró inclusive a 
los residentes permanentes legales como inelegibles para recibir una 
gran variedad de beneficios sociales.

Tales cambios a las leyes migratorias crearon una gran división dentro 
de los grupos que tradicionalmente defendían los derechos de los 
inmigrantes en los Estados Unidos. Muchos de los defensores de los 
derechos de los inmigrantes alegan ahora que, aunque la inmigración 
legal representa un gran beneficio social, la entrada de inmigrantes 
ilegales, por otro lado, tiene solo efectos negativos dentro de la 
sociedad estadounidense. Dicha opinión se ve apoyada precisamente por 
el tercer mito aquí analizado, solo que en este caso se aplica solo a 
los inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, lejos de ser una carga social, los inmigrantes 
indocumentados contribuyen de manera positiva a la economía de los 
Estados Unidos. De acuerdo con estudios hechos por el National 
Immigration Forum, los inmigrantes indocumentados pagan aproximadamente 
US $7000 millones en impuestos. Algunos de estos impuestos, incluyendo 
los US $2700 millones destinados a la seguridad social, así como los US 
$168 millones al fondo estatal de beneficios para los desempleados, son 
subsidios directos a dichos sistemas, ya que los trabajadores 
indocumentados no tienen el derecho legal de recibir dinero de estos 
fondos a los cuales contribuyen.

En el estado de California, el cual cuenta con aproximadamente el 43% 
de la población indocumentada de toda la nación, los inmigrantes 
indocumentados pagan—ademas de los impuestos ya mencionados—US $732 
millones adicionales en impuestos estatales y locales. El estado, por 
otro lado, y de acuerdo al Urban Institute, gasta US $1300 millones en 
educación para niños indocumentados, y US $166 millones en servicios 
médicos de emergencia para sus familias, siendo este último el único 
tipo de servicios médicos, proporcionados por el estado, al que tienen 
derecho los inmigrantes indocumentados.

Por lo tanto, es muy difícil sostener la idea de que los gastos que se 
erogan en la educación de niños indocumentados, o en los servicios 
médicos de emergencia para sus familias, son una carga social, debido a 
que dichos inmigrantes pagan, en conjunto, una gran cantidad de dinero 
en impuestos destinados a fondos estatales de los cuales ellos no 
reciben beneficios. En otras palabras, los inmigrantes indocumentados 
aportan mucho más de lo que reciben.

Además de estas consideraciones, existe un estudio realizado por la 
UCLA a mediados de los 90s, y que revela que los trabajadores 
indocumentados contribuyen con aproximadamente el 7% de los US $900,000 
millones del producto interno bruto del estado de California, o sea, US 
$63,000 millones.

Si se considera que la población indocumentada en California ascendía, 
en esos años, a 1.4 millones de personas, entonces se puede calcular 
una contribución individual bruta a la economía de California para cada 
inmigrante indocumentado, la cual ascendería a  aproximadamente 
US$45,000 anuales, incluidos niños, desempleados y personas enfermas o 
demasiado viejas para trabajar. Por otro lado, y aunque no existan 
cifras confiables en cuanto al salario promedio de cada inmigrante 
indocumentado, se sabe que estos reciben salarios muy cercanos, o 
inclusive por debajo, del salario mínimo legal que en los años de 
realización del estudio era de US $4.25 por hora. Si suponemos que 
todos ellos perciben el salario mínimo, su ingreso promedio individual 
al año sería de US $8840, lo cual se encuentra muy por debajo de la 
contribución que su labor aporta al producto interno bruto del estado.

Es entonces indudable que el trabajo de los inmigrantes indocumentados 
no solo contribuye con decenas de millones de dólares a la economía 
estatal. Además de ello, dichos trabajadores reciben solo un pequeño 
porcentaje de dicha contribución, un porcentaje que  es mucho menor al 
que reciben los trabajadores que son ciudadanos o residentes legales de 
los Estados Unidos. Dicha diferencia en el nivel de explotación es una 
fuente extra de ganancias económicas para las industrias que dependen 
de una fuerza de trabajo compuesta principalmente de trabajadores 
indocumentados.

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