[Peace-discuss] Presentation before OAS by Venezuela's ambassador denouncing U. S. interventtion

[Phil Stinard]

Sorry that this is in Spanish, but this is an important and historical 
document.  It is the formal presentation before the OAS by Venezuela's 
ambassador that denounces U. S. intervention in Venezuela and requests the 
OAS to investigate.

Here a translation of just a few of the many interesting paragraphs:

"Our government is making available photos, recordings, and abundant 
evidence that demonstrates the participation of U. S. government 
functionaries in the planning and execution of the coup."

"I possess proof of U. S. military helicopters that landed at the airport in 
Maiquetía during the coup; warships that illegally penetrated into 
Venezuelan coastal waters violating our sovereignty; U. S. military 
personnel met before and during the coup with Venezuelan military personnel 
that supported the coup."

"A U. S. airplane was found April 12, 2002 in Orchila, the Venezuelan island 
where President Chavez had been taken during his kidnapping by coup leaders. 
  The plane left quickly when its crew learned that patrol boats of the 
Venezuelan armed forces were heading to this place."

--Phil Stinard


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Intervención Extranjera contra la Democracia Venezolana
Discurso del embajador Jorge Valero ante el Consejo Permanente de la OEA
Por: Jorge Valero, Embajador ante la OEA
Publicado el Miércoles, 31/03/04 08:42pm


Washington D.C., 31 de marzo de 2004

El Gobierno que preside Hugo Chávez Frías, ha tomado la decisión de 
denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), hechos que 
lesionan la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Vigentes aún –con más fuerza que ayer— principios fundamentales consagrados 
en la Carta de la OEA, referidos al respeto a la soberanía nacional, la 
independencia y la no-injerencia en asuntos internos de los países. 
Magnánima la providencia establecida en su Artículo 3, donde se proclama:

    “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su 
sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le 
convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. 
Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados Americanos cooperarán 
ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de los sistemas 
políticos, económicos y sociales”.

A su vez, en el Artículo 19 de esta misma Carta se declara solemnemente:

    “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o 
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 
externos de cualquier país. El principio anterior excluye no solamente a la 
Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de 
tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos 
políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

El Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías siempre ha actuado con absoluto 
apego a estos principios. Y exige igual comportamiento de todos los países 
que forman parte de esta organización.

El Gobierno Bolivariano denuncia responsablemente ante este foro, que el 
National Endowment for Democracy (NED) ha sido utilizado -y sigue siendo 
utilizado- por el Gobierno de los Estados Unidos, para apoyar actividades 
antidemocráticas de grupos de la oposición en Venezuela. Que de manera 
sistemática están avocados a crear un clima de inestabilidad política y 
propician el quebrantamiento de la institucionalidad democrática en el país. 
Acciones dirigidas a alcanzar un fin último: el derrocamiento del Presidente 
Constitucional de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

América Latina vive un nuevo ciclo histórico. Han fracasado las políticas 
neoliberales aplicadas a la región, que han generado marcados índices de 
pobreza, hambre y miseria por doquier. Ha colapsado un modelo basado en el 
egoísmo y la irracionalidad. Cambios profundos en nuestras sociedades se 
plantean como una necesidad impostergable.

El Gobierno venezolano impulsa un proyecto de Nación, inspirado en las 
aspiraciones y sueños de todos los sectores sociales, que estén dispuestos a 
participar en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. De allí 
su empeño en reivindicar las demandas de los sectores que integran la 
mayoría del universo social.

La revolución Bolivariana tiene carácter pacífico y democrático, pero es 
adversada irracionalmente por sectores minoritarios que, aliados con 
intereses internacionales, temen perder sus inmorales privilegios. Aferrados 
al predominio que ostentaban desde tiempos coloniales, han reaccionado con 
odio y retaliación.

Venezuela es un país pluralista. Nuestra Carta Magna ofrece las garantías 
para el disentimiento. Todo venezolano, cualquiera que sea su creencia 
política, cultural o religiosa, tiene derecho a expresarse. El Gobierno del 
Presidente Chávez ha respetado siempre a la oposición. Ha garantizado el 
ejercicio pleno de los derechos constitucionales. La disidencia y la 
protesta son bienvenidas y pueden ser ejercidas sin cortapisas, siempre y 
cuando se expresen en el marco de las leyes.

Venezuela necesita una oposición democrática, civilizada y sensible al drama 
social que nos embarga. Desafortunadamente, ha estado influida por sectores 
antidemocráticos. Por eso intentó derrocar al Gobierno mediante un golpe de 
Estado, el 11 y 12 de abril del 2002, y lanzó un sabotaje petrolero que 
causó pérdidas a la nación por más de 10 mil millones de dólares.

El Golpe amalgamó a la élite empresarial, agrupada en Fedecámaras; a los 
viejos y nuevos partidos, asociados al ancient regime y a los principales 
medios de comunicación. Su propósito era restaurar seculares privilegios. 
Fue posible, porque esos sectores contaron con la anuencia de importantes 
factores en Estados Unidos. De manera especial, de personalidades del 
Departamento de Estado y del National Endowment for Democracy (NED).

Los golpistas levantaron armas contra el orden jurídico venezolano. Se 
opusieron violentamente a reformas legislativas orientadas a reivindicar la 
dignidad de todos los venezolanos y, de manera especial, de los pobres y 
excluidos de siempre.

La clase política y la élite empresarial golpistas pretendían vender la 
empresa petrolera nacional a precios irrisorios a las multinacionales. El 
Presidente Hugo Chávez, haciendo uso de sus facultades constitucionales, 
frustró sus despropósitos. No fue casual que una de las primeras medidas 
anunciadas por los golpistas, fuera la salida de Venezuela de la OPEP.

La resistencia a los cambios democráticos generó el golpe de Estado. El 
pueblo venezolano reaccionó contra los golpistas y, en unión con la Fuerza 
Armada constitucionalista y democrática, repuso al Presidente Chávez en el 
ejercicio de sus funciones legítimas. Millones de venezolanos se movilizaron 
y, de manera pacífica, rescataron la democracia.

El Golpe fue apoyado desde el exterior. De no ser así, los golpistas no 
hubieran lanzado su aventura. Funcionarios del Departamento de Estado y de 
la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA realizaron, el viernes 12 
de abril del 2002, tanto en el seno de esta organización, como ante el 
cuerpo diplomático de los países Latinoamericanos y Caribeños acreditados en 
Washington, un intenso lobby destinado a justificar el golpe de Estado en 
Venezuela. De esto, muchos de los que están aquí son testigos. Mientras 
tanto, en Caracas, el Embajador de Estados Unidos, Charles Shapiro, 
realizaba una “visita de cortesía” al dictador Pedro Carmona Estanga.

Ese mismo día, Phillip Chicola, en nombre del Departamento de Estado, 
recomendó a Pedro Carmona Estanga, según consta en comunicación que está en 
nuestro poder, lo siguiente:

    * Que la “transición que está operando actualmente en Venezuela, que 
comprende y con la cual simpatiza, conserve las formas constitucionales”;
    * Que “se logre la aprobación de la Asamblea Nacional a la renuncia del 
Presidente Chávez”;
    * Que se llame a “elecciones en un plazo razonable, indicando que en 
estas elecciones serían bienvenidos los Observadores de la OEA”;
    * Que “se les hiciera llegar una copia de la renuncia firmada por el 
Presidente Chávez”;
    * Y que “fuera prontamente sustituido el actual Representante Permanente 
de la OEA”.

Recomendaciones que Carmona acogió, como consta en su comunicación dirigida 
al Secretario General de la OEA, César Gaviria, el 13 de abril del 2002.

A su vez, ese 12 de abril, Phillip Reeker, en un Comunicado Oficial del 
Departamento de Estado culpaba al Presidente Chávez de haber provocado su 
propio derrocamiento. Dijo que, “Chávez renunció a la presidencia. Antes de 
renunciar, destituyó al Vicepresidente y el Gabinete. Un gobierno civil de 
transición ha prometido elecciones en fecha temprana... el pueblo 
venezolano, de acuerdo con los principios de la Carta Interamericana, 
resolverá pacífica y democráticamente esta situación de la democracia”.

Nuestro Gobierno dispone de fotos, grabaciones y abundantes evidencias que 
demuestran la participación de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos 
en la planificación y ejecución del golpe de Estado.

Posee pruebas sobre helicópteros militares estadounidenses que aterrizaron 
en el aeropuerto de Maiquetía, durante el golpe; buques de guerra que 
penetraron ilegalmente en las aguas del Caribe venezolano, violando nuestra 
soberanía; militares estadounidenses se reunieron antes y durante el golpe 
con los militares venezolanos golpistas.

Un avión de EEUU se encontraba el 12 de abril de 2002, en la Orchila; isla 
venezolana a la cual había sido llevado el Presidente Chávez durante el 
secuestro al que fuera sometido por los golpistas. Avión que despegó 
apresuradamente cuando sus tripulantes se enteraron que fragatas patrulleras 
de la Armada venezolana se dirigían a ese lugar.

Colin Powell, Secretario de Estado, en la interpelación que le hiciera el 
Comité de Apropiaciones sobre Comercio y Estado de la Cámara de 
Representantes, el pasado 3 de marzo de 2004, reconoció que el Departamento 
de Estado se había equivocado. Sus palabras fueron. Cito: “Salió un 
Comunicado del Departamento de Estado que pudo haberse manejado mejor, que 
no refleja nuestra posición, y lo corregimos en menos de 24 horas”. Fin de 
la cita. Sin embargo, para entonces, ya el pueblo estaba restituyendo al 
Presidente Chávez en la presidencia.

En un editorial del diario New York Times, del 9 de marzo pasado, se afirma: 
“La administración Bush se ha aliado de manera tan abierta con el sector 
anti-chavista, que le resultará muy difícil desempeñar un rol mediador [en 
Venezuela]”.

Fracasado el golpe de Estado, los sectores antidemocráticos de la oposición 
–con el respaldo del Departamento de Estado y del National Endowment for 
Democracy (NED) o Fondo Nacional para la Democracia- diseñaron un nuevo 
plan, de dos fases, para sacar al Presidente. Esta vez, por la vía 
electoral:

    * En una primera fase, presionaron para que se “adelantaran las 
elecciones”, a sabiendas de que violaban la Constitución. También 
fracasaron.
    * Ahora pretenden que se realice un referéndum revocatorio presidencial, 
violando los requisitos establecidos en el artículo 72 de la Carta Magna.

El National Endowment for Democracy (NED) fue creado, en noviembre de 1983, 
mediante la Ley Pública 98-164 del Congreso de los Estados Unidos, con la 
finalidad de “promover la democracia en el mundo”. La ley prevée que sus 
programas sean financiados por el Congreso de los EEUU.

No obstante, aún desde sus inicios, el NED ya comenzaba a desnaturalizar sus 
propósitos. A raíz del escándalo originado en 1984, cuando utilizó parte de 
sus fondos para financiar la campaña electoral del candidato a la 
Presidencia de Panamá, Nicolás Ardito Barletta, el Congreso aprobó, el 16 de 
agosto de 1985, una Enmienda a esta Ley, en la cual se estableció. Cito: 
“Ningún fondo podrá ser utilizado, ni por el NED ni por ninguno de sus 
beneficiarios, para financiar las campañas de candidatos a cargos públicos”.

En Venezuela, a su vez, se prohíbe el financiamiento de procedencia foránea 
a organizaciones que participen en el debate político. La Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 21 de 
noviembre del año 2000, dictaminó que la sociedad civil o “quienes la 
representan no pueden ser extranjeros, ni organismos dirigidos, afiliados, 
subsidiados, financiados o sostenidos directa o indirectamente, por Estados, 
o movimientos o grupos influenciados por esos Estados; ni por asociaciones, 
grupos, o movimientos transnacionales o mundiales, que persigan fines 
políticos o económicos, en beneficio propio”. En consecuencia, las 
organizaciones de la sociedad civil que reciban dinero extranjero para 
realizar actividades políticas en Venezuela actúan al margen de la ley.

Llama la atención que el NED esté apoyando única y exclusivamente a partidos 
políticos de la oposición en Venezuela. Esta es la lista: Primero Justicia, 
Acción Democrática, COPEI, Movimiento al Socialismo (MAS) y Proyecto 
Venezuela.

Llama la atención que el NED esté apoyando única y exclusivamente a 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) que funcionan, en la práctica, como 
partidos políticos de oposición, o como apéndice de éstos, y algunas de las 
cuales estuvieron abiertamente comprometidas con el golpe de Estado. Esta es 
la lista:

Súmate, Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Asociación Civil 
Comprensión de Venezuela, Asociación Civil Consorcio Justicia, Asociación 
Civil Consorcio Justicia –Occidente, Fundación Momento de la Gente, 
Asociación Civil Asamblea de Educación, Acción Campesina, Instituto de 
Prensa y Sociedad (IPYS), Fundación Justicia para la Paz del Estado Monagas, 
Asociación Civil Justicia Alternativa, Acción para el Desarrollo, Asociación 
Civil Liderazgo y Visión, Centro al Servicio de la Acción Popular, 
Asociación Civil Nuevo Amanecer, Agrupación Pro Calidad de Vida, Sinergia, 
PRODEL-Venezuela.

Llama la atención que el NED esté financiando única y exclusivamente 
programas políticos en Estados, dirigidos por Gobernadores de la oposición. 
Esta es la lista:

    * Estado Miranda, Gobernador Enrique Mendoza, líder de la Coordinadora 
de la Oposición. Participó directamente en el golpe del 2002 y ordenó cerrar 
el Canal del Estado, Venezolana de Televisión, durante dichos sucesos.
    * Estado Carabobo, Gobernador Henrique Salas Feo, del partido Proyecto 
Venezuela.
    * Estado Zulia, Gobernador Manuel Rosales, máximo dirigente de la 
Coordinadora de la Oposición en ese Estado. Firmó el “Decreto” de los 
golpistas, en nombre de los Gobernadores de Estado.
    * Estado Monagas, Gobernador Guillermo Call, del partido Acción 
Democrática. Apoyó el golpe de Estado.
    * Estado Anzoátegui, Gobernador David de Lima, del partido Movimiento al 
Socialismo. Apoyó el golpe de Estado.

El plan de financiamiento otorgado por el NED a grupos de oposición en 
Venezuela, para el 2002 -año en que se llevó a cabo el golpe de Estado- se 
tituló “Democratización de Países Semi-Autoritarios”. Se canalizaron $2 
millones 103 mil 200 dólares, a través de la Agencia de Información de los 
EEUU (USIA) del Departamento de Estado.

El NED también ha recibido recursos extraordinarios por parte de otros 
órganos del Departamento de Estado, para llevar a cabo sus operaciones en 
Venezuela. La Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo 
(DRL) adscrita a la Sub Secretaría para Asuntos Globales del Departamento de 
Estado destinó también US$1 millón de dólares, el mismo año del golpe, para 
expandir y fortalecer los programas del NED.

Al año siguiente, ante el fracaso del golpe, el DRL asignó $285 mil dólares 
al NED para que se celebraran “elecciones anticipadas” en Venezuela, 
burlando los lapsos establecidos en la Constitución Nacional.

El año del golpe de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) del Departamento de Estado, también 
desembolsó US$2 millones de dólares para apoyar líderes e instituciones 
venezolanas calificadas como “moderadas” pero que, en la práctica, estaban 
enfrentadas al Presidente Hugo Chávez.

En los seis meses previos al golpe de Estado, otras seis Oficinas del 
Departamento de Estado hicieron desembolsos directos por el orden de US$695 
mil 300 dólares, para financiar conferencias y seminarios que favorecían a 
la oposición.

SUMATE es, en Venezuela, un instrumento político-electoral del NED. María 
Corina Machado, su Vicepresidenta, firmó el Decreto del Gobierno de facto de 
Pedro Carmona Estanga, mediante el cual se disolvieron todas las 
instituciones democráticas del país. Súmate, así mismo, fue actor 
principalísimo en el sabotaje a la industria petrolera venezolana.

Súmate recibió del NED $53.400 dólares, entre septiembre del 2003 y 
septiembre del 2004, para ejecutar un supuesto proyecto de “Educación 
Electoral”. Sin embargo, el verdadero propósito de éste ha sido financiar 
una campaña mediática en pro de un referéndum revocatorio contra el 
Presidente Hugo Chávez.

El NED también viene financiando al Centro de Justicia y Derecho 
Internacional (CEJIL), para que promueva denuncias contra el Gobierno 
venezolano -en materia de derechos humanos- ante el sistema interamericano. 
Le otorgó $83.000 dólares, para el período 2003-2004.

CEJIL, con dinero del NED, promueve el desconocimiento de las instituciones 
democráticas; de las autoridades del sistema judicial venezolano, asesorando 
a ONGs venezolanas para que acudan directamente a órganos judiciales 
supranacionales, sin recurrir previamente –como lo establece la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos- ante las instancias legales de la 
Nación.

El NED, a través del Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), 
también otorgó financiamiento al Centro de Divulgación del Conocimiento 
Económico de Venezuela (CEDICE). Le otorgó $462 mil 686 dólares entre 1999 y 
el 2003. Para justificar este financiamiento, el NED afirma falsamente que 
el Gobierno de Hugo Chávez “ha demostrado tanto tendencias militaristas como 
Marxistas”. Que las leyes económicas venezolanas “obstaculizan el desarrollo 
financiero y social”. Y que es “imperativo buscar el consenso entre los 
grupos de la sociedad civil para ayudar a construir una visión alternativa 
para Venezuela”. En otras palabras, busca el “consenso” entre los grupos de 
la oposición para enfrentar al Gobierno.

En el programa “Supervisión de la Reforma Agraria” financiado por el NED a 
la organización Acción Campesina, se ataca infundadamente al Presidente 
Chávez. Y cuando se examina -en la documentación del NED- los propósitos de 
esta organización, se descubre fácilmente que su verdadera función es 
confrontar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y sabotear la reforma 
agraria. Acción Campesina mantiene una alianza con latifundistas venezolanos 
que han ordenado a sicarios a su servicio asesinar, en los últimos meses, a 
72 líderes campesinos y trabajadores agrarios que luchaban por el derecho a 
la propiedad de la tierra. El NED otorgó $93 mil dólares a esta organización 
entre el 2002 y el 2004.

El NED dió a la Asociación Civil Asamblea de Educación, $167 mil dólares 
entre el 2001 y el 2004, para que llevase adelante el programa, “Reforma de 
la Educación”. Se le encomendó impulsar “alianzas entre grupos de la 
sociedad civil, sindicatos de maestros y representantes de todo el país” y 
oponerse al “paquete de reformas de educación del gobierno”.

El NED sostiene que es necesario confrontar al Gobierno de Chávez toda vez 
que “está utilizando la educación como un instrumento de adoctrinamiento 
para extender su proyecto personal, político e ideológico”. Esta 
organización es presidida por Leonardo Carvajal, líder de la Coordinadora de 
Oposición y quien fuera nombrado Ministro de Educación por el dictador Pedro 
Carmona Estanga.

La Fundación Momento de la Gente recibió $229 mil 747 dólares entre el 2000 
y el 2004. Su tarea es brindar “Asistencia Legislativa” a los partidos de la 
oposición y hacer lobby en la Asamblea Nacional, para obstruir leyes 
propuestas por la bancada parlamentaria que respalda al gobierno, así como 
introducir proyectos de ley elaborados por la oposición.

El principal organismo para canalizar financiamiento hacia los partidos de 
la oposición en Venezuela, es el Instituto Republicano Internacional (IRI). 
Este ha recibido del NED y del Departamento de Estado, $1 millón 408 mil 818 
dólares desde 1999 hasta la fecha, para entrenar y asesorar a líderes de la 
oposición y apoyar partidos que están enfrentados al Gobierno.

Existe un programa financiado por el IRI, entre el 2003 y el 2004, 
denominado “Fortalecimiento de los Partidos Políticos”. El NED, para 
fundamentar su financiamiento, pinta un panorama sombrío y falso de 
Venezuela. Considera necesario que “la comunidad internacional haga un 
llamado a la solución pacífica de la crisis mediante la celebración de 
elecciones anticipadas.” En otras palabras, destinó financiamiento para un 
plan político inconstitucional, ya que Venezuela tiene muy bien definidos 
los lapsos y procedimientos electorales en la Constitución.

El IRI, además, apoyó el golpe de Estado en Venezuela. En Comunicado de 
Prensa emitido por su Presidente, George Folsom, el 12 de abril del 2002, se 
señala que el IRI sirvió de “puente” entre los partidos políticos y grupos 
de la sociedad civil de la oposición, para lograr el derrocamiento del 
Presidente Hugo Chávez.

Los programas financiados por el NED, que hemos mencionado aquí, son sólo 
una muestra representativa de ellos. Existen muchos más. Los documentos que 
respaldan toda esta información, han sido desclasificados gracias a la Ley 
de Libertad de Información (FOIA), y están disponibles en la página web: 
www.venezuelafoia.info.

Periodistas, analistas, así como miembros del Congreso de EEUU, han 
observado las mismas preocupaciones que ahora plantea el Estado Venezolano, 
con respecto al NED.

Este organismo dice “fomentar el pluralismo político”, pero financia única y 
exclusivamente movimientos y líderes políticos que mantienen una 
confrontación con el Gobierno, sin importar que éstos estén comprometidos en 
campañas antidemocráticas.

Denunciamos al NED por obstaculizar los cambios democráticos y progresistas 
en nuestro país, para lo cual cuenta con el concurso de personajes 
inescrupulosos y antipatrióticos, de origen venezolano, ávidos de dólares 
norteamericanos. Los mismos que diariamente piden la intervención extranjera 
en Venezuela.

Si el NED tiene prohibido financiar campañas de candidatos a cargos públicos 
en el exterior. ¿Cómo es que puede financiar campañas para revocar el 
mandato de líderes que han sido electos democráticamente?. El NED ha llegado 
al extremo de financiar personas que, en su momento, eran consideradas 
potenciales candidatos presidenciales en Venezuela, a cuyos efectos se 
realizaron talleres para “maquillar” su imagen.

La oposición -en concierto con los principales medios de comunicación- ha 
lanzado en los últimos días una intensa campaña para distorsionar la 
realidad sobre los derechos humanos en Venezuela. Cuentan, en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el respaldo de su Secretario 
Ejecutivo, Santiago Cantón. El mismo que se negó a dictar medidas cautelares 
a favor del Presidente Hugo Chávez Frías, cuando su vida corría peligro en 
manos de los golpistas. El mismo que se dirigió el 13 de abril de 2002 al 
Gobierno golpista de Pedro Carmona Estanga calificándolo de “ilustrado 
gobierno”. El mismo que solicitó a los golpistas información sobre el “Señor 
Hugo Chávez”, despojándolo de su condición de Presidente.

En Venezuela están plenamente vigentes los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. La libertad de expresión se ejerce a plenitud. Desmentimos 
categóricamente que hayan presos políticos o desaparecidos en Venezuela, 
como ocurría frecuentemente durante los gobiernos anteriores.

Denunciamos que en Venezuela está operando una red muy bien organizada en 
contra del Gobierno democrático de Hugo Chávez. Cada una de las 
organizaciones que reciben financiamiento, desde el extranjero, cumple un 
papel específico: hostilizar al Gobierno en diferentes ámbitos de la vida 
económica, política, educativa, comunicacional, sindical y legislativa.

Denunciamos que Christopher Sabatini, Director del NED para América Latina y 
el Caribe, se ha convertido en un asesor político clave de la oposición en 
Venezuela. Que promueve y apoya toda una red conspirativa en nuestro país. 
Que tiene relaciones estrechas, permanentes y de complicidad con los 
principales líderes de la oposición, incluida la golpista.

¿Cuál sería la reacción del Gobierno de Estados Unidos, si un gobierno 
extranjero financiara partidos políticos u organizaciones no gubernamentales 
para que obstruyeran su política nacional o internacional; para que 
sabotearan su industria nuclear; para que llamaran a los ciudadanos 
norteamericanos a desconocer o insurgir violentamente en contra de sus 
instituciones democráticas?

Los venezolanos tenemos pleno derecho a impulsar un proyecto político 
soberano, democrático e inspirado en el pensamiento de nuestro Libertador 
Simón Bolívar. Millones de personas, especialmente los excluidos de siempre, 
abrazan ese proyecto. Original, inédito, profundamente democrático y 
participativo. Nadie tiene derecho a impedir la realización de los sueños y 
esperanzas de nuestro pueblo.

Tiempos de cambio recorren el continente. Colapsó el modelo neoliberal en la 
región. De acuerdo con datos de la CEPAL, el 64% de la población en América 
Latina y el Caribe viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. 
Cada año se lanzan más de seis millones de seres humanos a este circuito. 
Para el 2003, la pobreza –que siguió creciendo- alcanzó los 227 millones de 
personas en nuestra región. Hoy se expanden corrientes sociales y políticas 
que, inspiradas en principios éticos superiores, cuestionan las injusticias 
y luchan por un nuevo orden basado en la equidad y la inclusión social.

Hemos venido a denunciar formalmente que el Gobierno de los Estados Unidos 
–a través del Departamento de Estado y del National Endowment for Democracy- 
está interviniendo en los asuntos internos de Venezuela, violando los 
artículos 3 y 19 de la Carta de la OEA. Exigimos que cese la intervención 
extranjera en Venezuela. Solicitamos que esta denuncia quede registrada en 
la memoria de la Organización de los Estados Americanos.

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